¿Es justo todo lo legal?: artículo de Mons. Aguer sobre operaciones gratuitas de «cambio» de sexo.

¿Es justo todo lo legal?

Sobre la injusticia de un Decreto

La cuestión propuesta en el título invita a distinguir dos conceptos de orden filosófico, pero que expresan realidades fundamentales en la vida de una sociedad. Para ser más sutiles podríamos reemplazar el adjetivo “justo” por “legítimo”. Legal y legítimo dicen referencia a la ley, a las disposiciones que sancionan los cuerpos legislativos de la república, promulgan y reglamentan las autoridades ejecutivas, y cumplen o padecen los ciudadanos. Legal significa conforme a la ley; legítimo, en cambio equivale a lo que es no sólo lícito en cuanto permitido por la ley, sino justo, conforme a razón. Esta distinción implica que puede haber leyes injustas, que constituyen en sí mismas un abuso, aunque hayan sido votadas por las mayorías requeridas.

Quiero referirme a un caso reciente, pero típico, de disposición estatal ilegítima, injusta. Es el Decreto Nº 903/2015, obra del gobierno anterior, que reglamenta el artículo 11 de la Ley Nº 26.743 de Identidad de Género; se refiere a operaciones parciales y/o totales a las que se añaden los tratamientos hormonales subsiguientes, todo para adecuar la anatomía de las personas, el sexo natural de varones y mujeres, a lo que “sienten” que son. El decreto mencionado impone al Programa Médico Obligatorio, a los Servicios de Salud del Sistema Público, de la Seguridad Social de Salud, y a los sistemas privados de coberturas, a cubrir en forma gratuita las operaciones de Mastoplastía de aumento, Mastectomía, Gluteoplastía de aumento, Orquiectomía, Penectomía, Vaginoplastía, Clitoroplastía, Vulvoplastía, Anexohiste-rectomía, Vaginectomía, Metoidioplastía, Escrotoplastía y Faloplastía con prótesis peneana. ¡Qué nombres difíciles! Podría traducir la mayoría de ellos al lenguaje popular, pero no lo hago, porque se me podría considerar irrespetuoso o discriminatorio. El Decreto añade que la lista es “de carácter meramente enunciativo y no taxativo”, es decir que podrán inventarse otras combinaciones. Es lógico, el carácter abierto del concepto de género y los caprichos irracionales de los individuos tienden al infinito.

Esto se propone, permite y realiza en la Argentina de hoy y a coste y costas de todos los ciudadanos. A usted, amigo lector, le meterán la mano en el bolsillo para pagar las mencionadas operaciones, tan necesarias, al parecer, para asegurar la identidad de género de una ínfima minoría de la población. La dura situación que vivimos, me refiero al desastre económico innegable, producto de décadas de despilfarro y del robo escandaloso de gobernantes sin escrúpulos, se concreta en el aumento visible de la pobreza con sus numerosas secuelas. ¿Cómo es posible que en un país que fue llamado “granero del mundo” uno de cada cinco niños tenga problemas de alimentación, que algunos mueran por desnutrición, y que entre los menores de 17 años la pobreza supere el 40%? Los datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina son difícilmente discutibles. Por el inevitable ritmo de las cosas se ha agravado la herencia recibida por el actual gobierno, ¿podrá éste hacer algo para revertir la calamidad? ¿Tendrán éxito sus intentos?.

Me interesa sobre todo evocar la situación hospitalaria, que conozco de primera mano, con servicios colapsados; en muchos lugares los pacientes deben llevar gasas, jeringas y hasta agujas para poder ser suturados. Filas interminables, horas y horas de espera para poder ser atendidos. Varios hospitales están en ruinas, faltan camas y medicamentos. Ni hablar de los ancianos, que también sufren la indiferencia del Estado, subsisten con migajas y no tienen acceso a la atención de salud que les corresponde. Los juzgados y tribunales del país se encuentran plagados de recursos de amparo de personas ancianas y enfermos que reclaman el suministro de un medicamento que cure o alivie sus dolencias, porque PAMI o IOMA no los incluye. Hay disponibles más de 50.000 pesos (unos 3.500 dólares aproximadamente) para que un travesti se ponga los pechos artificiales gratis, pero no hay 1.500 pesos para el medicamento de un niño que la obra social no le cubre. Si no me equivoco, los beneficios acordados por el Decreto que suscribió la Sra. de Kirchner están a disposición de “todos los hombres del mundo”; de hecho conozco algunos casos de personas que vienen, atraídas por tan generosa oferta, de países vecinos. Aclaro, por las dudas, que no soy xenófobo; sin embargo, me duele la miseria de tantos argentinos que resultan discriminados en virtud de una reglamentación inicua. Una discriminación semejante sufre asimismo cualquier mujer, que es y “se siente” tal, y que no puede mejorar, superar algún defecto, embellecer gratuitamente su anatomía femenina. Queda excluida porque en ella sexo y “género” coinciden; la identidad sexual, su naturaleza de persona femenina es menospreciada.

El Decreto que voy criticando se refiere, a través de la Ley Nº 26.743, sobre el Derecho a la Identidad de Género, a una declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre “Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género”, de la cual la República Argentina es signataria. El apoyo internacional de una disposición injusta no la torna legítima. O dicho al revés, ¿por qué adherir a una interpretación sesgada, torcida de los derechos humanos? ¿Cómo hablar entonces de soberanía? El positivismo jurídico arrasa con el derecho de las personas y con el sentido común. Una ley es justa, legítima, es realmente legal, en suma es ley, si se ordena al bien común; no lo es si para proteger presuntos derechos de algún grupo infiere un detrimento a la multitud. El Decreto 903/2015 coincide con los ejemplos clásicos de leyes injustas y discriminatorias; es deber del Presidente de la Nación derogarlo. En realidad, si quisiera cumplir según justicia sus deberes, tendría mucho trabajo en este campo. Desde hace varios años los legisladores legislan frecuentemente en contra del orden natural, de la razón humana y de la ley divina; lo hacen muchas veces con una ligereza sorprendente, sin respetar incluso las normas y las prácticas más elementales de un régimen republicano.

La iniquidad a la que me refiero en esta nota se suma a tantas otras que soporta diariamente el pueblo argentino. El ladrón se burla de los barrotes y corre libre por las calles; las madres del dolor lloran por sus hijos asesinados para arrebatarles un mísero celular; en las plazas y en las esquinas de las escuelas donde los chicos podían comprar globos o pochoclo, hoy se vende “paco” y cocaína; los hijos se encuentran a menudo separados de sus padres como los granos de maíz del marlo a causa de la inestabilidad de las familias; los organismos de justicia están alejados de la gente y las víctimas reclaman a los jueces la justicia que como derecho natural les corresponde y sin la cual no puede trabarse una auténtica convivencia civil. Se puede añadir todavía a la lista de desgracias el miedo que reina ante una violencia incontrolable, y la decadencia del decoro, del pudor, estimulada por los pésimos modelos de la gente famosa. ¡Feliz la familia que logra sustraer a sus hijos de la vorágine del “todos lo hacen” y los conserva normales, sanos y salvos!.

La confusión señalada entre lo legal y lo legítimo se proyecta al concepto de discriminación. Los “lobbies” se han abierto paso a los codazos y han impuesto qué debe entenderse por ese término mágico; lo han convertido en una ideología. Los antidiscriminadores discriminan el bien, la razón, la justicia, el sentido común, la naturaleza, y, por supuesto, a Dios.

El Secretario de Derechos Humanos de la Nación podría incluir entre sus preocupaciones más urgentes la horrenda discriminación de la mayoría del pueblo argentino, de la multitud sufriente de los pobres y de los enfermos establecida en el Decreto 903, para denunciarla como es de su oficio. Los derechos humanos brotan de la naturaleza de los hijos de Adán, según los quiso el Creador, varones y mujeres; no pueden alienarse en el poder de los ideólogos, ni ser usados como un “curro” más, una moneda de intercambio, por los gobiernos de turno.

Héctor Aguer, Arzobispo de La Plata. Académico de Número de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas.