Mons. Aguer: «29.999. Revisionismo y revisión de la historia».

Mons. Héctor Aguer, Arzobispo de La Plata.

     El Arzobispo de La Plata, Mons. Héctor Aguer, publicó un artículo en el diario “El Día” de la capital bonaerense, titulado 29.999. Revisionismo y revisión de la historia; sobre el número oficial de desaparecidos, que busca imponerse por ley. Este es el texto completo y oficial de su trabajo:

29.999

Revisionismo y revisión de la historia

Por Héctor Aguer *

         Se ha discutido si la historia es una disciplina científica; la argumentación destacaba que ella se ocupa de materia contingente, mientras que las ciencias se fundan en relaciones necesarias. En un juicio semejante se deslizaba una interpretación incorrecta de la tradición aristotélica y, probablemente, también un prejuicio positivista. En realidad, la historia versa sobre hechos pasados y cumplidos, que son invariables, y en ese sentido, necesarios. Por otra parte, existe una “historia de la historia” y una abultada lista de reconocidos científicos que se ocuparon del pasado de su país o de la marcha pretérita del mundo, y cuyas obras constituyen un acervo de la humanidad y un testimonio irrecusable.

Pero el conocimiento científico va progresando laboriosamente en los diversos ámbitos del saber, y requiere adecuaciones permanentes del entendimiento para conocer la verdad; por consiguiente exige también una atenta revisión de los resultados alcanzados, emprendida con objetividad y con el anhelo desinteresado de que sean los hechos los que salgan a la luz y puedan ser ofrecidos a la consideración de todos, como base de nuevos descubrimientos. Por lo tanto, si la historia es una ciencia no puede eludir este requerimiento indispensable de revisión de sus resultados.

En el caso de la historia argentina, ha existido secularmente la tentación, consentida, de considerarla un conocimiento cerrado e inmodificable. No se trata de pereza intelectual (quizá a veces sí), de cómoda instalación en lo que se ha logrado establecer y aun imponer en la opinión general. Si bien este defecto no puede siempre descartarse, las más veces ha ocurrido para justificar una situación presente, tanto sea de poder -momentáneo o duradero, “regiminoso”- como para sostener más ampliamente una ideología. Me introduzco en una cuestión que es objeto de debate, en el cual, con deferencia y miramiento, puedo aportar mi interés de muchos años por esclarecer el destino nacional. El primer intento de “congelación” de la historia argentina procedió de la generación de los vencedores de Caseros; es innegable que intervinieron grandes hombres y que ellos nos legaron valiosos aportes. Una limitación que me atrevo a señalar en el intento de elaborar una historia nacional, es la inclinación propia de la ideología laicista a eliminar u oscurecer la participación de la Iglesia, los valores de la tradición hispánica y la contribución positiva de ciertos personajes significativos.

Contra esta escuela establecida, que al tornarse de hecho oficial inspiró también los textos escolares, reaccionó el llamado por antonomasia “revisionismo histórico”, representado por historiadores preclaros, como Adolfo Saldías (un mitrista que supo valorar la Confederación Argentina y la obra de Rosas), Carlos Ibarguren y Julio Irazusta. Se podría añadir una lista de epígonos y de divulgadores. Esta obra pudo ser una ampliación de los conocimientos históricos, de modo similar a lo que ocurre con el adelanto de toda ciencia; así lo ha sido, en efecto, en numerosos aspectos de la consideración de las vicisitudes nacionales. Sin embargo, en algunos casos el concepto de revisionismo se convirtió en un dogmatismo de signo opuesto y talante similar al que se pretendió corregir. Ciertos ismos son peligrosos, implican una desvirtuación de lo que expresa el sustantivo al cual se añaden. Si aceptamos este juicio, podríamos distinguir entre revisionismo y revisión de la historia.

En todos los casos la causa del desvío ha consistido en la intención de subordinar la narración histórica y la interpretación de la misma a intereses ideológicos y políticos, adulterándola en sus contenidos y valorando los hechos capciosamente. Es invariable que estas adulteraciones sostengan haber detectado en el pasado alguna causa sublime que fue ferozmente combatida por sus enemigos. Tal dialéctica continuaría en el tiempo presente; debería ser recogida por los historiadores, cuya tarea implicaría la necesidad de confirmar esa permanencia para lograr que, de una vez por todas, resulte evidente el triunfo definitivo de “los buenos”. En lugar de imponer tal simplificación tipo “far west”, corresponde más bien que se hable por lo menos de dos demonios, como consecuencia de reconocer la perdurable tragedia nacional. En realidad, un solo demonio nunca hubo; ciertas revisiones, o relatos impuestos, representan nuevas ortodoxias políticas. Ni historia, ni ciencia. Evoco espontáneamente una escena evangélica, la respuesta que Jesús recibe del diablo que poseía al hombre de Gerasa al cual el Señor se apresta a liberar: Mi nombre es Legión, porque somos muchos (Mc. 5,9: legi?n…pollói esmen, en el griego original). Así suele ocurrir.

Una historia del pasado cercano, del presente en realidad –los protagonistas de los hechos perviven en la ideología y el afán de venganza de quienes imponen lo que se pretende histórico –nunca puede ser científica; difícilmente se dejará animar del amor a la verdad. El colmo ha ocurrido recientemente entre nosotros. La Legislatura bonaerense ha sancionado una ley, votada por unanimidad en el Senado y con una sola disidencia en la Cámara de Diputados, según la cual, en las publicaciones oficiales, en los actos públicos de gobierno y en los partes informativos, es obligatorio sostener que el 24 de marzo de 1976 irrumpió una dictadura “cívico-militar”, y que ese régimen “genocida” causó 30.000 desaparecidos. Era de esperar que la Señora Gobernadora se abstuviera de promulgar semejante insensatez. Esperanza fallida. Según los especialistas, entre las fuentes de la historia, además de las arqueológicas y las documentales, cabe el rumor, el mito, las leyendas, proverbios y anécdotas, que pueden proporcionar algún conocimiento del pasado lejano, sobre todo cuando otras fuentes más seguras no están al alcance. No es nuestro caso. Pero que el “relato” o mito se conviertan en ley para imponer una sentencia sobre hechos que están aún en carne viva en la sociedad argentina, es absolutamente inconcebible.

Es preciso enmendar cuanto antes este dislate mayor promovido por los grupos que se han apoderado de los derechos humanos como presa propia y los lobbies internacionales con los que están conectados. Los políticos lo asumen de acuerdo a la “corrección” debida, para ellos valiosa especialmente en tiempos de elecciones. ¡Pobres de nosotros, ciudadanos!, ¡pobre República! La enmienda pronta del error la debe el Estado bonaerense a los jóvenes –nuestro futuro- engañados tempranamente sobre las vertientes y el sentido de la tragedia que la Argentina vivió en aquellos años de horror y de sangre. La historia verdadera tendrá que consignar documentadamente los crímenes de las organizaciones guerrilleras que aspiraban a convertir la república en un remedo de la Cuba castrista, las víctimas de la represión iniciada por el general Perón en su tercer gobierno –con las órdenes de “aniquilar”- y la continuidad de la misma durante el gobierno de su esposa por mano de la célebre Triple A. El régimen militar (¡perdón: cívico-militar!) se hizo culpable de la creación más siniestra de nuestra historia: los desaparecidos, es decir, la eliminación anónima después de los brutales tormentos. Es bien sabido que el número está muy lejos de las tres decenas de mil expresado en el mito y convertido ahora, por ley, en dogma de fe cívica. Autoridades indiscutibles lo han señalado, como Ernesto Sábato y Graciela Fernández Meijide. Todo se mezcla: ideología, rencor, aspiraciones políticas y dinero; algunas tragedias también son negocio.

Ahora, merced de la ligereza e irresponsabilidad de los legisladores bonaerenses, el “relato”, el mito, se impone por ley. El gobierno anterior no llegó a tanto; quizá sus ocupaciones “non sanctas” no le dejaron tiempo. La tragedia vivida ha sido suficientemente grave, como para que sólo podamos inclinarnos ante ella con respeto, con pesar y con lágrimas. No con resentimiento ni por odio, ni apelando a los favores de una justicia tuerta, afectos y prácticas que obnubilan la razón y causan engaño propio y ajeno, sino con el intento sabio de establecer lo mejor posible la verdad, y con el esfuerzo afectivo –sería despiadado no dejar sitio al corazón- de aspirar, mirando al futuro, a la concordia y al perdón recíproco que en la Argentina nos debemos todos desde hace demasiado tiempo. La Nación se lo debe a sí misma.

Incurro en la ilegalidad si se me escapa, como en un susurro, que los asesinados por la dictadura fueron 29.999. ¿Y si afirmo que fueron 30.001?

* El autor es Arzobispo de La Plata y Académico de Número de la Academia de Ciencias Morales y Políticas.